Tributación por IVA en la cesión de créditos

TRIBUTACIÓN POR IVA EN LA CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

Se ha planteado la consulta sobre la incidencia en IVA de la transmisión de una cartera de derechos de crédito que mantiene la empresa. En la mayoría de los casos la cartera de créditos se genera por facturas impagadas de clientes o deudores de la Compañía. La transmisión de dichos créditos tiene efectos para calcular el importe de IVA deducible en el ejercicio en que se lleva a cabo la venta puesto que entra en juego la regla de la prorrata. Como inicio de la cuestión se considera está exenta de IVA la transmisión de préstamos o créditos. Ahora bien, al realizar la empresa una operación que está exenta de IVA hace entrar en juego la aplicación de la regla de la prorrata para limitar el derecho a la deducción del IVA soportado. Sobre este punto la Dirección General de Tributos ha declarado que la empresa que cede la cartera de créditos debe aplicar la regla de la prorrata, teniendo en cuenta que el importe a considerar como magnitud exenta de IVA para el cálculo es el importe de la plusvalía obtenida por la cesión, que será la diferencia entre la contraprestación obtenida por la misma y su valor de adquisición. Si no existieran plusvalías, bien porque la diferencia es negativa o cero, no debe incluirse ningún importe para el cálculo de la prorrata. La Dirección General de Tributos interpreta la normativa para calcular la prorrata en el supuesto analizado pero a nuestro entender no entra a valorar una cuestión muy importante en la composición de la fracción en el cálculo de la prorrata como es el análisis de las operaciones que no deben computarse para la determinación de la prorrata. En este sentido, la normativa de IVA establece que no deben computarse el importe de las operaciones financieras que no constituyan la actividad empresarial habitual del sujeto pasivo y a tal efecto, establece como operaciones financieras, entre otras, la cesión de créditos que se regula en el artículo 20. Uno. 18º de la Ley reguladora del IVA. Consideramos esta materia debería ser objeto de revisión para aclarar por parte de la Dirección General de Tributos los efectos en el IVA derivados de las operaciones de cesión de créditos para empresas que no realizan habitualmente operaciones en el sector financiero.

Cláusula suelo

El pasado sábado, 21 de enero, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que se regula el cauce extrajudicial para resolver, de forma rápida y sencilla, las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.

Principales características del procedimiento extrajudicial

Obligatoriedad/voluntariedad

El procedimiento extrajudicial regulado en dicho Real Decreto-ley tiene carácter obligatorio para las entidades financieras y voluntario para los consumidores afectados.

Ámbito de aplicación

Se aplica a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

Objeto

Tiene por objeto la devolución  de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Plazo de implantación

Las entidades de créditos deben implantar, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma, un sistema de reclamación previa a la vía judicial. Para ello, deben disponer de departamentos o servicios especializados que resuelvan dichas reclamaciones.

Deber de información

Las entidades de crédito deben informar a todos los afectados sobre la existencia de esta vía de reclamación, así como de los posibles efectos fiscales derivados de la devolución. También, deben comunicar a la AEAT la información sobre las devoluciones acordadas.

Plazo de resolución

Presentada la reclamación ante la entidad financiera, ésta deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses, o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no es procedente.

Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo.

Todo el proceso se hará en un plazo máximo de tres meses.

 Formas de devolución

Con carácter general la devolución se efectuará en efectivo. No obstante, el Real Decreto-ley contempla la posibilidad de que las partes, de mutuo acuerdo, acuerden medidas compensatorias distintas. En este sentido, una vez acordada la cantidad a devolver, la entidad de crédito deberá suministrar una valoración que permita conocer el efecto de la medida compensatoria y conceder un plazo de quince días para que manifieste su conformidad. La aceptación de la medida compensatoria informada con esta extensión deberá ser manuscrita y en documento aparte en el que también quede constancia del cumplimiento del plazo previsto en el apartado anterior.

Gratuidad del procedimiento

El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.

Compatibilidad/incompatibilidad con la vía judicial

El procedimiento extrajudicial no es incompatible con la vía judicial, ya que el consumidor puede optar por acudir a esta última directamente o, si no se llegase a un acuerdo, puede ejercitar acciones judiciales.

Ahora bien, una vez iniciada la vía de la reclamación previa, ninguna de las partes puede ejercitar entre sí acción judicial o extrajudicial con el mismo objeto.  Si ello ocurriese, el proceso quedará en suspenso hasta que se resuelva la reclamación previa.

En relación con los procedimientos judiciales que se encontrasen ya iniciados a la entrada en vigor de la norma, las partes pueden acordar suspender dicho procedimiento y someterlo al trámite extrajudicial.

Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas suelo

El Real Decreto-ley modifica la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, introduciendo, con efectos a partir de su entrada en vigor y ejercicios anteriores no prescritos, y regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las clausulas suelo en los siguientes términos:

1. No integración en la base imponible de las cantidades devueltas.

No se integran en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas ninguno de los siguientes importes:

las cantidades devueltas derivadas de los acuerdos celebrados con la entidad financiera (ya sean en efectivo u otra forma de compensación) en concepto de intereses pagados de más por aplicación de la clausula suelo.

Los intereses indemnizatorios que, en su caso, pudiera satisfacer la entidad financiera.

En relación con los intereses indemnizatorios, cabe señalar que lo dispuesto en el Real Decreto-ley difiere de lo que había señalado hasta ahora la Dirección General de Tributos, que entendía que los intereses indemnizatorios debían integrarse en la base imponible del ahorro del ejercicio en que se percibieran. Teniendo en cuenta que la Disposición adicional cuadragésima quinta se aplica también a los ejercicios que no estén prescritos en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pudiera suceder que se hubieran declarado dichos intereses de demora conforme al criterio de la DGT, en cuyo caso, entendemos que sería posible la rectificación de dichas autoliquidaciones con devolución de ingresos indebidos, en su caso.

2. Regularización de la deducción por inversión en vivienda habitual.

Si las cantidades devueltas hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual (o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma) de ejercicios anteriores, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, por lo que habrá que regularizar. Dicha regularización se llevará acabo debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No obstante, no procede regularizar respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera a minorar el principal del préstamo.

3.- Si las cantidades devueltas tuvieron la consideración de gastos deducibles.

Si las cantidades devueltas hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, se perderá tal consideración y procede regularizar, en este caso, mediante presentación de autoliquidación complementaria correspondiente a dichos ejercicios. La autoliquidación complementaria deberá presentarse en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación y no lleva aparejada la aplicación de sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno.

4. Devolución de cantidades satisfechas en un ejercicio cuyo plazo de presentación de autoliquidación no haya finalizado.

Si las cantidades devueltas fueron satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, las mismas no podrán formar parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual.

Del mismo modo, tampoco podrán considerarse gasto deducible para el cálculo del rendimiento neto del capital inmobiliario o de la actividad.

5. Devoluciones consecuencia de ejecución de sentencias o laudos arbitrales

El régimen fiscal anterior, será también de aplicación a las devoluciones derivadas de la ejecución de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

 

Modificación de la Ley General Tributaria

Novedades en relación con los aplazamientos y fraccionamientos de pago

La reciente modificación de la Ley General Tributaria, en vigor a partir del 1 de enero de 2017, ha introducido cuatro nuevos supuestos de deudas tributarias inaplazables. De este modo, no se podrán aplazar ni fraccionar las siguientes deudas tributarias:

Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (como el IVA o Impuestos Especiales), salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

Los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, en relación con los tributos repercutidos, establece la norma que para que los mismos puedan aplazarse o fraccionarse, el contribuyente debe justificar que no ha cobrado el impuesto repercutido.

No obstante lo anterior, la Agencia Tributaria publicó un comunicado en su página web “Los aplazamientos a los autónomos tras el Real Decreto-ley 3/2016”, en el que se informaba de algunas de las consecuencias de dicha modificación normativa en relación con los autónomos, extralimitándose, en su interpretación, de lo establecido expresamente en la Ley.

Así, la AEAT entendió que los autónomos podrán solicitar el aplazamiento, cualquiera que sea su importe, de su IRPF e IVA en las siguientes circunstancias, en función del importe global de la deuda:

  1. Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual. Se tramitan mediante un mecanismo automatizado de resolución.
  2. Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global excede de 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, en función del tipo de garantía aportada por el deudor, y por un plazo máximo de 36 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. Si las deudas son por IVA, será necesario, además, acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.

Con ocasión de las numerosas dudas que se plantearon en la aplicación de lo dispuesto en el citado comunicado de la página web, la AEAT ha publicado la Instrucción 1/2017, de 18 de enero, de la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago.

En dicha Instrucción se diferencia entre el procedimiento automatizado para la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias y el procedimiento no automatizado.

Procedimiento automatizado

Se aplicará a solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros.

Se establecen los siguientes plazos máximos de pago:

Deudas correspondientes a personas jurídicas, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: 6 plazos mensuales.

Deudas correspondientes a personas físicas: 12 plazos mensuales.
Si el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, se concederá el solicitado.
En ningún caso los importes establecidos en estos plazos, excluidos los intereses, podrán ser inferiores a 30 €.

Solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento iguales o inferiores a 1.000 €: se resolverá en atención a la propuesta de plazos que el obligado haya indicado en su solicitud y siempre que el importe de cada uno de los plazos resultantes, excluidos intereses, no sea inferior a 30 €.

Las solicitudes de aplazamientos y fraccionamiento se denegarán en los siguientes casos:

siempre que el deudor tenga otras deudas en periodo ejecutivo respecto de las que no se haya solicitado aplazamiento o fraccionamiento de pago, cuya providencia de apremio haya sido notificada, siempre que el importe total de dichas deudas sea superior a 600 €,

cuando en la solicitud de aplazamiento se incluya alguna deuda que hubiese estado incluida con anterioridad en un acuerdo finalizado por incumplimiento de pago.

Procedimiento no automatizado

La gestión de aplazamientos y fraccionamientos de aquellas deudas de importe superior a 30.000 € se desarrolla a través de un procedimiento no automatizado.

En la solicitud se deberá aportar la siguiente documentación:

Cuando concurra un supuesto de representación legal, voluntaria o por medio de apoderado del obligado al pago, deberá acreditarse la misma.

En caso de ofrecimiento de garantía distinta al aval o certificado de seguro de caución, se exigirá certificado emitido por las entidades de crédito o caución con las que habitualmente opere el interesado como justificación documental de la imposibilidad de obtener dichas garantías.

La valoración de los bienes se exigirá igualmente, aunque hubieran sido ofrecidos con ocasión de otro aplazamiento de pago solicitado con anterioridad, si por el tiempo transcurrido o la naturaleza de los bienes, se considerase necesario. A estos efectos, el informe o certificado de tasación caduca a los seis meses contados desde la fecha de su emisión. En el caso de tasaciones con una antigüedad superior a seis meses e inferior a dos años bastará con una actualización de la misma.

En el caso de personas físicas o jurídicas, empresarios o profesionales obligados por Ley a llevar contabilidad, se exigirá que las cuentas anuales que se presenten sean las depositadas en el Registro Mercantil.

En el caso de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, para acreditar el impago de las cuotas repercutidas será necesario aportar la siguiente documentación:

Relación de las facturas emitidas que no han sido cobradas con identificación de clientes, cuantías y fecha de vencimiento de las mismas.

Justificación documental que acredite que las mismas no han sido efectivamente satisfechas.

Relación de facturas recibidas, con identificación de proveedores y cuantías, acreditándose si las mismas han sido satisfechas y, en su caso, acreditación de los medios de pago utilizados.

Copia de cuantos requerimientos o actuaciones se hayan realizado frente al acreedor reclamando el pago de las facturas impagadas.

Especialidades en aplazamientos o fraccionamientos de pago de tributos repercutidos

Debido a que las deudas por tributos repercutidos y cobrados son inaplazables, cuando proceda la concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago, se incluirá en el acuerdo de concesión una cláusula en la que se especifique que, si durante la vigencia del acuerdo, se produjese el cobro efectivo del tributo repercutido, dichas cantidades efectivamente cobradas, deberán íntegramente ingresarse a favor de la Hacienda Pública en pago de la deuda pendiente hasta la completa satisfacción de ésta, aun cuando ello suponga un vencimiento anticipado de las deudas aplazadas o fraccionadas.

En este sentido, se establecerá, en el acuerdo de concesión, una cláusula por la que procederá la cancelación por incumplimiento del mismo cuando, habiendo cobrado las cantidades repercutidas y pendientes, el contribuyente no las destine al pago anticipado del aplazamiento en el plazo máximo de 10 días desde el cobro efectivo.

Además, se indicará, que durante la vigencia del acuerdo se podrá requerir al obligado o a terceros la información necesaria para comprobar los cobros que hayan podido ser efectuados a los efectos de constatar el correcto cumplimiento de dicha condición.

En el siguiente cuadro se resumen los criterios de la AEAT en cuanto a la concesión de aplazamientos y fraccionamientos:

Beneficios IRPF 2016

 REVISIÓN DE BENEFICIOS FISCALES IRPF 2016

RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Con el objetivo de revisar la declaración por IRPF 2016 que se presentará en junio de 2017 en el presente documento se enumeran sucintamente determinados beneficios fiscales en IRPF 2016 relacionados con la actividad empresarial. El análisis se realiza diferenciando las distintas fuentes de renta y seguidamente enumerando las reducciones y deducciones aplicables con carácter general en el IRPF

  1. Beneficios IRPF incluidos en cada una de las fuentes de renta.

 

I.1. Rendimientos del trabajo.

  • Para los rendimientos del trabajo realizado para la empresa generados en un período superior a 2 años u obtenidos de forma irregular se aplica una reducción del 30%.
  • Determinas cuantías percibidas en concepto de dietas de locomoción y estancia están exentas del IRPF.

I.2. Rendimientos del capital inmobiliario.

En el arrendamiento de inmuebles conviene revisar lo siguiente:

  • Se consideran gastos deducibles los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos por alquileres.
  • En el caso de alquiler de una vivienda que constituya la vivienda habitual del inquilino se aplica una reducción del 60%
  • Para los rendimientos por alquileres generados en un período superior a 2 años u obtenidos de forma irregular se aplica una reducción del 30%.

I.3. Rendimientos del capital mobiliario.

  • Para determinados rendimientos generados en un período superior a 2 años u obtenidos de forma irregular se aplica una reducción del 30%.

I.4. Rendimientos de actividades económicas.

  • Para los rendimientos derivados de una actividad económica o profesional generados en un período superior a 2 años u obtenidos de forma irregular se aplica una reducción del 30%.
  • En caso de inicio de una nueva actividad económica se aplica una reducción del 20% para los rendimientos de la actividad económica inferiores a 100.000 euros.

I.5. Ganancias de patrimonios derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a una actividad económica.

  • Transmisión con reinversión de determinadas acciones o participaciones en sociedades de reciente creación que realicen una actividad económica.
  • Donación de empresas familiares se aplica regla de diferimiento en IRPF.
  • Transmisión de inmuebles adquiridos entre el 12/5/2012 al 31/12/2012.

II. Beneficios IRPF con carácter general.

II.1.- Reducciones IRPF y otros beneficios fiscales con carácter general.

    • Aportaciones a Planes de Pensiones (sistemas de previsión social).
    • Aportaciones a sistemas de previsión social aportados a favor de personas con discapacidad.
    • Aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.
    • Importe de pensiones compensatorias a favor del cónyuge.
    • Importe de pensiones de alimentos a favor de los hijos que producen un spliting para el cálculo de la tarifa.
    • II.2.- Deducciones IRPF con carácter general.
  • Inversión en empresas de nueva o reciente creación.
  • En caso de rendimientos de actividad económica: – Deducción por creación de empleo.- Deducción por reinversión de rendimientos en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectas a la actividad económica.
  • Donativos y otras aportaciones.
  • Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.
  • Actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial.
  • Deducción para evitar la doble imposición internacional por las rentas generadas y gravadas fuera de España.
  • Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

            El presente documento contiene referencias generales a la normativa tributaria aplicable y tiene carácter meramente informativo. La aplicación de la normativa señalada deberá ser objeto de un análisis particular en cada caso concreto.

IVA y SII

Sistema de Suministro de Información Inmediata

 

La Agencia Tributaria ha venido trabajando en el Sistema de Suministro de Información Inmediata (SII) por el cual determinados contribuyentes deberán remitir a Hacienda «en tiempo real» su información sobre facturación a través de medios electrónicos. El nuevo sistema SII será aplicable desde el 1 de julio de 2017 con carácter obligatorio a empresas que actualmente tienen obligación de autoliquidar el IVA con carácter mensual, que son: empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), grandes empresas, grupos de empresas y aquellas empresas que voluntariamente decidan acogerse al mismo. Los libros se realizarán directamente a través de la sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los datos de facturación, conformando de manera electrónica (i) el Libro registro de facturas expedidas; (ii) Libro registro de facturas recibidas; (iii) Libro registro de bienes de inversión y; (iv) el Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. El plazo de presentación de las declaraciones será durante los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración liquidación correspondiente al mes de enero. En cuanto a los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación se diferencia entre: a) Facturas expedidas: que se remitirán en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso dicho plazo será de ocho días naturales. En ambos supuestos el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación de venta que debe registrarse. b) Facturas recibidas. Que deberán remitirse en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes. En el caso de las operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido. c) Operaciones intracomunitarias. Se remitirán en un plazo de cuatro días naturales, desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren. d) Información sobre bienes de inversión. Se remitirán dentro del plazo de presentación del último periodo de liquidación del año (hasta el 30 de enero). Por último, en cuanto a la obligación de presentar las declaraciones informativas, las empresas acogidas al sistema de SII no quedarán obligadas a la presentación de las declaraciones informativas (Modelos 347, 340 y 390).

Reformas del trabajo autónomo

Las claves de la reforma que afectará a los trabajadores autónomos

 

En los últimos días el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha presentado una Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, cuya aprobación se prevé antes de finales de año, ya que cuenta con el apoyo del Partido Popular.

Con esta iniciativa se pretende abordar con profundidad la situación actual de los trabajadores autónomos en España y, en particular, las condiciones que definen el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De este modo, se plantea una reforma dirigida a reducir las cargas administrativas soportadas por este colectivo, facilitar el emprendimiento, clarificar su fiscalidad y fortalecer su protección social.

Medidas para reducir las cargas administrativas

Se modifica el régimen de recargos por ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social.

Así, frente al régimen d actual, que establece un recargo del 20 ó 35 por ciento sobre la deuda, la propuesta prevé los siguientes recargos:

 

 

3% de la deuda, si esta se abona dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo,

 

5% si se abonan dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo.

 

10% si se abona dentro del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo

 

20% para los abonos a partir del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo.

 

Las cuotas correspondientes a los meses en los que tienen lugar las altas y bajas del Régimen Especial se computan desde el día en que se produzcan de forma efectiva, y no desde el primer día del mes como se hace actualmente.

Medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo

 

Se amplía de seis a doce meses la cuota reducida de 50 euros para los nuevos autónomos o quienes reemprendan la actividad tras cinco años de baja en el Régimen (aplicable en los casos en los que se opta por cotizar por la base mínima).

 

Igualmente, se extiende a 12 meses, la bonificación del 80% de la cuota prevista para  los trabajadores por cuenta propia o autónomos que optasen por una base de cotización superior a la mínima.

Medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos

 

La bonificación del 100% de la cuota aplicable a trabajadores en periodo de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad, se aplicará tanto si el trabajador es sustituido como si no. Actualmente únicamente se aplica este incentivo en caso de sustitución del trabajador.

 

Se establece una bonificación del 100% de la cuota, aplicable durante 12 meses, para  trabajadoras por cuenta propia o autónomas que se reincorporen a su actividad después de la maternidad, siempre que dicha reincorporación tenga lugar en los dos años siguientes a la fecha del parto.

Medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos

 

Se establece la deducibilidad en el IRPF del 50% de los gastos relacionados con vehículos que se encuentren parcialmente afectos a la actividad desarrollada por el autónomo. De esta forma se equipara el tratamiento del gasto en IRPF e IVA.

 

Se establece una deducción del 20% de los gastos de suministros de agua, gas y electricidad aplicable a contribuyentes que desarrollen la actividad sin local afecto, salvo que se acredite –por la Administración o por el contribuyente- un porcentaje inferior o superior.

Sistema SII

Se retrasa el Sistema de Suministro de Información Inmediata

Desde finales del año 2014 la Agencia Tributaria está trabajando en el Sistema de Suministro de Información Inmediata (Sistema SII), que obligará a determinados contribuyentes a remitir la información de su facturación en un plazo máximo de 4 días naturales desde que la factura es emitida, o en el caso de facturas recibidas, en un plazo de 4 días naturales desde su contabilización.

En principio, el sistema SII afectará a sujetos pasivos con periodo de liquidación mensual en el IVA, es decir:

i) Grandes Empresas;

ii) Contribuyentes en régimen de de devolución mensual (REDEME) y,

iii) Contribuyentes en régimen de grupo de entidades.

Inicialmente, la entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2017, sin embargo, la propia AEAT ha informado recientemente que, al contrario de lo que han defendido algunas publicaciones en los últimos días, el sistema SII no entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Según la Agencia Tributaria, el sistema SII proporcionaría importantes ventajas para los contribuyentes, destacándose entre ellas la eliminación de determinadas obligaciones formales (modelos 347, 340 y 390), la obtención de predeclaraciones para la liquidación del IVA, la agilización de las devoluciones, la llevanza de los libros de registros de IVA desde la Sede Electrónica de la Agencia y la ampliación del plazo de pago en que deba procederse a la liquidación.

Nuevo sistema de avisos de la AEAT

La Agencia Tributaria pone en marcha el nuevo sistema de avisos de notificaciones

La Agencia Tributaria acaba de implantar un sistema de avisos en virtud del cual, los contribuyentes que opten por este sistema  podrán recibir un mensaje  en el móvil o dirección de correo electrónico informándoles de la existencia de una notificación de la AEAT.

La suscripción a este sistema de avisos tiene carácter voluntario y podrá acceder a él cualquier contribuyente, tanto si se trata de obligados como no obligados a recibir notificaciones electrónicas y con independencia de que la notificación se lleve a cabo en papel.

El aviso recibido en ningún caso equivale a la notificación, pues el texto del aviso tendrá carácter genérico indicando lo siguiente: “La Agencia Tributaria ha emitido una notificación dirigida al NIF XXX”.

Debe tenerse en cuenta que la falta de aviso no invalida la notificación. Es decir, si habiéndose suscrito el contribuyente al sistema de avisos, éste no se recibiera por problemas técnicos imputables a la Administración o por cualquier otro motivo, ello no impedirá que la notificación se lleve a cabo y surta efectos. Esto es importante tratándose de sujetos obligados a recibir Notificaciones Electrónicas, ya que una vez puesta a disposición la notificación electrónica, si en el plazo de 10 días no se accede a ella, se entenderá producida aunque no se haya recibido el aviso.

Por ello, es recomendable que los sujetos obligados a recibir notificaciones electrónicas accedan a los buzones al menos una vez cada 10 días, para co0mprobar si tienen alguna notificación pendiente.

Suscripción al sistema por personas físicas

Con carácter general las personas físicas no están obligadas a recibir notificaciones electrónicas pero podrán suscribirse al sistema de avisos.

Para ello, deberán comunicar un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico a través de los cuales podrán recibir avisos de las notificaciones emitidas por la Agencia Tributaria.

El acceso para darse de alta en este sistema de avisos podrá tener lugar:

– Con Cl@ve PIN

– Con certificado electrónico o DNI electrónico

– Con número de referencia (obtenido a través del Servicio RENØ).

Recibido el aviso la persona física podrá acceder a la notificación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, o esperar a ser notificado de forma presencial en su domicilio. A la notificación a través de la Sede Electrónica se podrá acceder con Cl@ve PIN, certificado electrónico o DNI electrónico, pero no se podrá acceder a la notificación con el número de referencia.

Es importante tener en cuenta que si se accede a la notificación a través de la Sede Electrónica antes de recibir la notificación en papel, el acto se entenderá notificado en la fecha de acceso en sede electrónica.

Suscripción al sistema de avisos en caso de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica

En este caso, al tratarse de sujetos obligados a recibir Notificaciones Electrónicas, recibirán un aviso de la existencia de una notificación pendiente en la DEH, siempre que hayan comunicado una dirección de correo electrónico.

Hasta el momento, la posibilidad de recibir los avisos en un móvil no ha sido habilitada para estas entidades.

Deducción por alquiler de vivienda

Se flexibiliza la deducción por alquiler de vivienda

La última reforma del Impuesto sobre la Renta suprimió a partir de 2015 la deducción por alquiler de vivienda habitual que podían practicarse los inquilinos, aunque está supresión no fue de forma total, ya que se estableció un régimen transitorio que permitía seguir aplicando la deducción a determinados inquilinos.

En base a este régimen transitorio, los arrendatarios que pueden seguir aplicándose la deducción, siempre que se cumplan los requisitos de rentas máximas establecidos en la ley, son aquellos que hubiesen firmado el contrato de arrendamiento antes del 1 de enero de 2015 y satisfecho cantidades en concepto de alquiler por ello.

Es decir, que la aplicación de la deducción a partir del 2015 se condiciona a que el contribuyente hubiera tenido derecho a la aplicación de la deducción con anterioridad a ser suprimida y que la vivienda continuase siendo la misma.

En un principio, la aplicación de este régimen transitorio se interpretó considerando de aplicación la deducción únicamente durante el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento que se había firmado antes de 2015, de modo que si se firmaba un nuevo contrato a partir de 2015, aunque fuese en relación con la misma vivienda, se perdía la deducción. Esto suponía que la prórroga del contrato otorgaba el derecho a la deducción pero la firma de un nuevo contrato no.

Sin embargo, el panorama ha cambiado recientemente, ya que Dirección General de Tributos ha interpretado que procede aplicar también la deducción en dos supuestos. Por un lado, se permite aplicar la deducción cuando, una vez finalizado el contrato por agotarse el plazo máximo fijado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, se firme un nuevo contrato con el mismo arrendador y sobre el mismo inmueble. Por otro lado, también procederá aplicar la deducción en el supuesto de transmisión de la vivienda por el arrendador.

Obligados presentación electrónica

Nuevos obligados a relacionarse con la AEAT de forma electrónica

Desde el 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Tributaria los siguientes sujetos:

Todas las personas jurídicas

Las entidades sin personalidad jurídica, como comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 

Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

Las personas físicas no quedarán obligadas a la utilización de medios electrónicos, salvo para los trámites para los que así se prevea expresamente, como, por ejemplo, es el caso de la presentación de la declaración del Impuesto sobre Patrimonio, que se prevé únicamente de forma telemática.

Esta obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la AEAT comprende: (i) la presentación de DOCUMENTOS en los Registros, (ii) la presentación de SOLICITUDES en los Registros y (iii) la obligación de recibir NOTIFICACIONES de la Administración por medios electrónicos.

La presentación de documentos y solicitudes dirigidos a la AEAT deberá realizarse a través del Registro Electrónico de la AEAT (www.agenciatributaria.gob.es).

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

No obstante lo anterior, esta obligación genérica de relacionarse a través de medios electrónicos no incluye necesariamente la presentación de declaraciones y liquidaciones, ya que las mismas deberán seguir presentándose de la misma forma que se han venido presentando hasta ahora. 2

En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

Imposición de sanciones en caso de incumplimiento: la presentación de documentos o solicitudes por medios distintos a los electrónicos, cuando se trate de obligados a relacionarse de forma electrónica con la Administración, podrá llevar aparejada la imposición de una sanción de 250 euros.

Estos nuevos obligados a relacionarse electrónicamente con la AEAT quedarán igualmente obligados a recibir las notificaciones de la Administración Tributaria por medios electrónicos (sistema NEO). No obstante, la inclusión en las NEO no se producirá de forma automática, sino que será necesario que la AEAT les envíe una carta informativa sobre la inclusión en el servicio de notificaciones electrónicas obligatorias.

Estos nuevos obligados se incluirán en el sistema de Notificaciones Electrónicas Obligatorias desde la fecha de notificación de su inclusión.